El Gobierno acelera el proceso de reglamentación de la ley de Financiamiento Productivo que, entre otros puntos, define que los fondos comunes de inversión cerrados dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias. Sólo lo harán los inversores siguiendo la escala fiscal que defina su patrimonio. Es decir, se dejará de lado la doble imposición: hasta que se reglamente paga el fondo y también la persona, ahora sólo lo hará esta última. Es paradójico pero hoy el inversor que apuesta a una obra a través de un fondo es más castigado impositivamente que aquel que compra una propiedad directamente.
Este es un punto central que afecta al mercado de real estate porque ampliaría las fuentes de financiamiento. Hasta ahora, el modelo más habitual era que el desarrollador vendiera las unidades en el pozo para de esa forma tener los fondos para construir el proyecto.
Con la reglamentación de la ley, las opciones se amplían y el mercado de capitales entre en el juego de los ladrillos. En consecuencia este modelo posibilitaría la concreción de más obras. En este contexto, los desarrolladores están convencidos que la reglamentación marcará un quiebre positivo en el sector.
Por otra parte, ponen sobre la mesa “la transferencia de dominio”, un tema que genera dudas por la falta de claridad que plantea la norma. Lo que preocupa es que cuando se constituyen estos fondos se aportan activos (como un terreno), y la transferencia de ese activo tiene un costo fiscal enorme. “El problema es que se toma como si fuera una venta cuando en realidad no lo es. Sólo se está transfiriendo a un fideicomiso”, detallan alertando que este punto podría impactar directamente sobre la ejecución de las obras. “Si no le das la exención del impuesto, los proyectos no arrancarán”, concluyen.
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Por Carla Quiroga, Sábado 6 de abril de 2019
Publicado en el suplemento Propiedades & Countries del diario LA NACION
En el Congreso se apilan los proyectos que piden la derogación del decreto que flexibiliza la ley K que limitaba la extranjerización de los campos.
El sector inmobiliario rural reclama la eliminación de toda restricción.
Si hay una ley que verdaderamente divide las aguas, o las tierras en este caso en particular, es la que limita la extranjerización de los campos. Mientras se apilan los proyectos que piden la derogación del decreto del presidente Mauricio Macri para flexibilizar la ley K de diciembre de 2011, desde el sector inmobiliario rural se reclama el dictado de una nueva norma que anule la anterior y elimine todo límite. Se reedita así la polémica por una histórica resistencia al avance de inversiones inmobiliarias, especialmente en la Patagonia y zonas protegidas como los Esteros del Iberá, en Corrientes.
Ni bien llegó al poder, una de las medidas más controversiales que tomó Macri fue dar marcha atrás con el límite kirchnerista del 15 por ciento a la compra de tierras por parte de extranjeros y la restricción de un máximo de mil hectáreas para titulares de otros países en la zona agrícola. Muchos leyeron esa decisión como el primer paso hacia una ley sin topes para estas inversiones.
“Los extranjeros llegaron a tener históricamente el 6 por ciento de las tierras, como máximo. Si vienen inversiones nuevas desde el exterior a comprar más del 15 por ciento -límite que fijaba la ley K-, podemos ver si se limita la venta”, explicaba el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, encargado de justificar la nueva reglamentación de la ley de tierras rurales. Agregaba que el objetivo era facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero a través de la regulación de situaciones no contempladas en el decreto 274 de 2012, que legalizó el límite a la extranjerización del suelo nacional.
De un lado
El segundo paso, el de la presentación de un proyecto de ley que elimine los límites a la compra de tierras, nunca se concretó. No obstante, quien reclama una ley que derogue la de la era K y dicte una más laxa aún que el decreto flexibilizador de Macri es la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Allí se agrupan los operadores inmobiliarios rurales y consignatarios de hacienda de todo el país.
“El decreto del presidente Macri no es suficiente. En la práctica, la norma sigue trabando mucho la operatoria del mercado. Es necesaria una ley pero no como la vigente porque busca defender la propiedad de la tierra de una manera excesivamente rígida”, opinó Mariano Maurette, presidente de esa cámara, al ser consultado por la nacion, y agregó: “Queremos una ley mucho más flexible que proteja a la Argentina, por ejemplo, de inversiones soberanas de otros países o gobiernos. Para esos casos, coincidimos en que debe haber una ley que lo prohíba. Ahora, restringir el acceso de un fondo de inversión que cumple con las leyes y paga los impuestos, que contrata mano de obra argentina y trabaja con tecnología de punta, no tiene ningún sentido.”
Lo cierto es que una ley de ese calibre tendría por lo menos un trámite complicado en un Congreso atomizado en período preelectoral, donde ningún bloque por si sólo puede lograr la sanción. Y en lo que respecta a la ley de tierras, las posiciones son antagónicas.
Y del otro
Hasta hora, los legisladores no presentaron proyectos para dictar una nueva ley o derogar la anterior. Lo que sí existe en el Congreso son ocho propuestas de kirchneristas y aliados para derogar el decreto flexibilizador macrista y hasta declararlo inconstitucional.
“Mediante la supuesta intención de ‘favorecer la inversión extranjera’ y ‘adecuar la reglamentación a las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial’, se derogaron los controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP y se dejó sin efecto las sanciones para los intermediarios”, denunció el senador de Tierra del Fuego José Ojeda, del Frente para la Victoria, a través de su proyecto.
Sobre ese mismo punto puso la lupa la diputada K Silvina Frana al remarcar que el control de la UIF es clave dado que “el Registro Nacional de Tierras Rurales detectó que, durante los años de vigencia de la ley, de 16,2 millones de hectáreas en manos extranjeras, más de 1,1 millón son de empresas registradas en paraísos fiscales”. En base a esos datos, el diputado del Frente de la Concordia Misionero Jorge Franco le recriminó a Macri que el 93,6 por ciento de los 186 trámites registrales iniciados en tres años fue aprobado, con solo 12 certificados denegados. “Es decir, que -con la Ley 26.737 de los K- las inversiones genuinas no especulativas pudieron llevarse adelante”, concluyó.
La ahora ex senadora Graciela de la Rosa advirtió que “no sólo se viabiliza la extranjerización de tierras y recursos naturales como lagos, lagunas y otras extensiones de agua”, sino que también el decreto Pro “atropella las facultades de las provincias sobre la adquisición, tipo de explotación y destino de la tierra, e impacto sobre el medio ambiente, dispuestas en la Constitución Nacional”. Así las cosas, si hay una grieta que parece no poder cerrarse, esa es la de la ley de tierras.
Por Lorena Zapata, Sábado 22 de abril de 2017
Publicado en el suplemento Propiedades & Countries del diario LA NACION
