Los desarrolladores aguardan con esperanza que finalmente en marzo el Gobierno de luz verde a la exención impositiva para las viviendas de hasta 140.000 UVA (equivalentes a US$113.000). La medida les permitiría ahorrar el 10,5 por ciento del IVA que hoy pagan y, según los empresarios, podrían bajar el precio de las propiedades en ese porcentaje. Con esta medida, el Gobierno busca impulsar la construcción de unidades destinadas a personas que las compran como primera vivienda. El beneficio ya figura en los artículos 96, 97, 98 y 99 de la ley de presupuesto 2019, pero resta la reglamentación de la AFIP que definirá cómo funcionará.

La discusión que mantiene el sector con el Gobierno es si ese beneficio no se pagará -como sucede con el sector de la energía renovable- o si los constructores deberán abonarlo y luego les será reintegrado. Esta última opción fuertemente resistida por el sector inmobiliario. Un dato a tener en cuenta es que la exención se aplicará a los proyectos iniciados a partir del primero de enero pasado o los que tengan un grado de avance que no supere el 25 por ciento y siempre que finalicen como fecha tope en diciembre de 2022.

Además, la exención no será ilimitada: regirá hasta una cantidad máxima de 60.000 viviendas a nivel nacional, acotada a un máximo de 3000 unidades en el caso de las iniciadas antes de 2019. La iniciativa podría impulsar que los desarrolladores que se stockearon de tierra en barrios accesibles, pensando en la demanda que compraba con crédito UVA antes de la devaluación, se animen a iniciar los proyectos. De esta forma los compradores podrían conseguir departamentos chicos desde US$60.000 en barrios como La Boca hasta US$80.000 en zonas como Belgrano.

Por Carla Quiroga, Sábado 9 de marzo de 2019
Publicado en el suplemento Propiedades & Countries del diario LA NACION
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