Las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano iban a ser enviadas a la Legislatura en seis meses, pero sorpresivamente el Jefe de Gobierno dio de baja el anteproyecto, y decidió firmar un decreto limitando la construcción de nuevos emprendimientos, impidiendo presentar planos por 180 días.
La idea de la ciudad es impulsar una re-forma de los códigos urbanísticos-y de edificación con el fin de construir una ciudad policéntrica que aliente a los vecinos a trabajar, recrearse, tener educación y comercios en sus proximidades, evitando así los desplazamientos. A esto se suman otros fines, como la incorporación de nuevas tecnologías y la reducción de costos de edificación. Para ello se permite la construcción de oficinas entre viviendas, se prohíbe la construcción de torres de más de 13 plantas y se incentiva al sector privado a incluir terrazas verdes. Este decreto sorprende y preocupa en el sector, por la falta de seguridad jurídica y va a generar una catarata de juicios al Estado porteño, dado que hay muchos desarrolladores que compraron terrenos con la expectativa de construir determinada cantidad de pisos, y ahora este decreto los limita. Además, esta ingeniería urbanística encubre una contradicción. Se plantea que las diversas medidas facilitarán el acceso a la vivienda, promoviendo el aumento de la densidad poblacional. Sin embargo, la limitación a la altura implicará una menor oferta de unidades, revalorizándolas por la mayor demanda.
Si bien se intenta solucionar algunos problemas que tiene este código con más de 40 años, no se puede dejar de analizar sus puntos flojos que son de gran preocupación. El gobierno tiene mayoría en la legislatura de lo que se sabe que la ley será aprobada sin ningún problema. Por eso el sector debe estar preparados para defender nuestros derechos en un mercado que se complejizará cada vez más.
Publicado en el suplemento Propiedades & Countries del diario LA NACION