Por Enrique Abatti (titular de la Cámara de Propietarios de la República Argentina), para La Nación.
EI proyecto de modificación que impulsa cambias en los alquileres es un preocupante retroceso legislativo que afectará negativamente a quienes se pretende beneficiar.
Entre las modificaciones se destaca el límite al depósito de garantía locativa a un solo mes, independientemente del plazo del contrato o sea que es indistinta que tenga vigencia por 3 o 10 años, el depósito siempre será el equivalente a un solo mes de alquiler-actualmente es un mes por año de contrato y se devolverá al inquilino conforme al valor del último alquiler al momento de restituir el inmueble. Esta disposición desnaturalizas u finalidad, porque cuanto mayores el plazo, mayor debe ser el monto del depósito.También limita los honorarios de los corredores inmobiliarios al máximo establecido en cada jurisdicción y si no los hubiere, no podrán ser mayores a un mes de alquiler. Es facultad de cada provincia, no delegada en la Nación, dictar sus propias leyes de honorarios profesionales, por tanto esta disposición que limita los honorarios sería inconstitucional.
Otra reforma libera al locatario del pago de los impuestos, servicios públicos y de las expensas extraordinarias del inmueble. Esta mod-ficación es violatoria del principio de libertad contractual. Asimismo encubre un aumento de la presión impositiva al sector, porque algunas de estas exclusiones impuestas al locador deberá trasladarlas aumentando el precio de la locación. También estipula que el inquilino puede disolver el contrato en cualquier momento desde que ingresa al inmueble, pagando una ínfima indemnización equivalente a un mes y medio del alquiler vigente si lo hace dentro del primer año y, a un mes, con posterioridad. El locador no tiene esa facultad, lo cual produce una desigualdad. Además se introduce la obligación para el locador, con por lo menos 60 días previos a la finalización del contrato, de renovarlo. Renovar implica un nuevo contrato por lo menos por el plazo mínimo de 3 años. La confusa redacción, le daría oportunidad al locatario, si no llegasen a un acuerdo, de resolver el contrato vigente sin pagar la indemnización. Los planteados son solo algunos puntos del evidente despropósito de modificar el Código Civil. Una iniciativa que contribuye a la inseguridad jurídica, atendiendo a un único interés sectorial y demagógico
Sábado 17 de diciembre de 2016
Publicado en el suplemento Propiedades & Countries del diario LA NACION
